Esto, luego de que el 18 de octubre la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentara una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley, al argumentar que la normativa carece de los principios básicos de claridad, congruencia y precisión.
“Yo soy muy respetuoso, pero no me demandó a mí; te corrijo para que investiguen bien. Demandó al Congreso del estado de Veracruz, y bueno, dependerá de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, expresó.
La iniciativa fue enviada a la Legislatura por Duarte de Ochoa, después de que el 25 de agosto mensajes falsos lanzados en las redes sociales alertaron a la población de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río de supuestos ataques en centros escolares.
De estos hechos fueron acusados María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, contra quienes recayó un auto de formal prisión por los presuntos delitos de “terrorismo equiparado y sabotaje”.
Sin embargo, días después de aprobada la nueva normativa éstos fueron puestos en libertad al desistirse la Procuraduría General de Justicia del Estado de las acusaciones.
La propuesta del Ejecutivo estatal tuvo el voto a favor de la mayoría de los diputados del PRI y de Nueva Alianza, a pesar del voto en contra de la oposición.
